La Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid, rechaza firmemente que el Consejo de Ministros haya aprobado nuevamente, con ligeras modificaciones, los dos Reales Decretos-ley en materia de vivienda que fueron derogados por el Congreso de los Diputados hace tan solo tres días hábiles. Para la asociación, esta actuación supone “un fraude constitucional que genera una grave situación de inseguridad jurídica”.AMADEI considera especialmente preocupante que, una vez convocadas las elecciones para el próximo 29 de noviembre, el Gobierno sustituya la voluntad expresada por la mayoría del Congreso por la futura decisión de una Diputación Permanente compuesta por 69 miembros. Este órgano, recuerda la asociación, debe actuar ante situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, una circunstancia que, a su juicio, no concurre en este caso.La organización no entra nuevamente a valorar el contenido concreto de las medidas ni las novedades introducidas, porque mantiene su diagnóstico: los textos no afrontan el principal problema del mercado residencial, que es la falta de vivienda y, particularmente, de vivienda asequible. Por el contrario, AMADEI alerta de que las medidas pueden reducir todavía más la oferta de alquiler y provocar, como consecuencia, un incremento de los precios.La asociación estima que más de 4.000 viviendas salieron del mercado entre el 28 y el 30 de septiembre debido a la confusión y la incertidumbre generadas entre los arrendadores. En este contexto, AMADEI advierte de que una regulación cambiante y difícilmente previsible termina perjudicando precisamente a quienes pretende proteger: las personas vulnerables, las familias con menores ingresos y los jóvenes que quieren independizarse.“El problema del acceso a la vivienda lleva gestándose años y las pretendidas soluciones adoptadas hoy por el Consejo de Ministros no atajan una cuestión imprevisible, que es precisamente lo que define la situación de extraordinaria urgencia o necesidad. Estas medidas podrían haberse adoptado hace meses, y el problema subyacente seguirá existiendo aunque sean implementadas”, lamentan desde la patronal inmobiliaria de la Comunidad de Madrid.AMADEI rechaza también que estas medidas respondan a una situación de urgente necesidad, puesto que, según sostiene, no contribuyen a resolver la crisis estructural de acceso a la vivienda. Aunque España ha registrado crecimiento económico y creación de empleo desde 2023, la inflación y el encarecimiento sostenido de la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler, han reducido el poder adquisitivo de numerosos hogares. “La urgente necesidad está en crear hogares, no en intervenir el alquiler hasta conseguir el efecto contrario al buscado”, señala la patronal.La entidad considera improcedente que cuestiones tan relevantes para la ciudadanía se legislen de manera recurrente mediante reales decretos y que una sola norma llegue a modificar más de una decena de leyes. No obstante, califica de todavía más grave que se aproveche la disolución del Parlamento y la diferente proporcionalidad existente entre el Pleno y la Diputación Permanente para intentar convalidar unas normas rechazadas pocos días antes por el Congreso.Para AMADEI, esta forma de proceder altera las mayorías democráticas expresadas en el Congreso, genera un precedente institucional muy peligroso y deteriora la seguridad jurídica. La asociación reclama que las políticas de vivienda sean abordadas mediante un debate parlamentario pleno, con estabilidad normativa y con medidas estructurales dirigidas a ampliar la oferta, facilitar la construcción de vivienda asequible y recuperar la confianza de propietarios, profesionales y ciudadanos. |
