Eduardo Camacho Díaz es Coordinador de Reivindicaciones SRP
Desde el Sindicato Reformista de Policías queremos manifestar, en primer lugar, todo nuestro apoyo, respeto y solidaridad con la agente denunciante. Nos ponemos a su disposición para todo aquello que necesite, tanto a nivel profesional como personal. La protección de la víctima debe ser la prioridad absoluta y exigimos que se evite cualquier forma de presión o revictimización.
La agente no ha formulado una denuncia en dependencias policiales, sino que ha interpuesto directamente una querella ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, que ha acordado la citación como investigado del entonces Director Adjunto Operativo. Este hecho, por sí mismo, evidencia la dimensión y la sensibilidad del caso.
La dimisión del máximo responsable operativo del cuerpo sitúa a la Policía Nacional ante una de las crisis institucionales más graves de los últimos años. Será la Justicia quien determine los hechos y las responsabilidades penales. Nosotros no prejuzgamos. Pero sí exigimos claridad, transparencia y explicaciones.
Los y las policías tenemos un deber reforzado de actuar con integridad, dignidad y sometimiento pleno a la ley. Así lo establecen la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; y la Ley Orgánica 4/2010, de Régimen Disciplinario. Estas normas obligan a mantener una conducta ejemplar y a no abusar jamás de la posición de autoridad.
Asimismo, la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, impone a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad un deber específico de prevención y protección de las víctimas. Nuestra función es garantizar seguridad y amparo, también dentro de nuestra propia institución.
Si los hechos se confirmaran judicialmente, estaríamos ante una vulneración gravísima de los principios que rigen nuestra profesión y ante un daño directo a la credibilidad del cuerpo.
Pero además existe una cuestión que no puede ignorarse: la opacidad con la que, en demasiadas ocasiones, se gestionan situaciones sensibles dentro de la Policía Nacional. Cuando una agente opta por acudir directamente a la vía judicial en lugar de utilizar canales internos, es legítimo preguntarse qué percepción existe sobre la confianza en esos mecanismos. La transparencia no debilita a la institución; la fortalece.
El puesto de Director Adjunto Operativo es de libre designación. Por tanto, también existe una dimensión de responsabilidad política en los nombramientos y en la supervisión de quienes ocupan los más altos cargos operativos.
Reiteramos que SRP estará siempre del lado de la víctima y del lado del cumplimiento estricto de la ley. La Policía Nacional debe ser un espacio seguro para sus miembros y un referente de ejemplaridad para la sociedad. La transparencia no es una opción. Es una obligación democrática.
