Cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la Ley Rider y siete meses desde que Glovo complet\u00f3 la laboralizaci\u00f3n de sus repartidores en Espa\u00f1a, la provincia de Almer\u00eda cuenta ya con su primer comit\u00e9 de empresa en la plataforma. La rueda de prensa celebrada hoy en el Edificio Sindical escenific\u00f3 la presentaci\u00f3n de ese comit\u00e9, con CCOO Servicios a la Ciudadan\u00eda de Almer\u00eda como fuerza mayoritaria, y situ\u00f3 sobre la mesa la distancia entre el marco legal y la realidad cotidiana de la plantilla.<\/p>\n\n\n\n
La Ley 12\/2021, conocida como Ley Rider, oblig\u00f3 a las plataformas de reparto a reconocer a sus trabajadores como asalariados, poniendo fin a la figura del falso aut\u00f3nomo. Glovo resisti\u00f3 la norma durante a\u00f1os y acumul\u00f3, seg\u00fan datos publicados, m\u00e1s de 200 millones de euros en sanciones de la Inspecci\u00f3n de Trabajo y cotizaciones impagadas a la Seguridad Social, adem\u00e1s de la imputaci\u00f3n penal de su CEO. La laboralizaci\u00f3n efectiva no se complet\u00f3 hasta el 1 de julio de 2025. Lo que describen los repartidores de Almer\u00eda sugiere, sin embargo, que el cambio contractual no ha tra\u00eddo consigo una transformaci\u00f3n real de las relaciones laborales en la empresa.<\/p>\n\n\n\n
El proceso que llev\u00f3 a la elecci\u00f3n de los 13 delegados del comit\u00e9 el 27 de enero ilustra esa resistencia. Desde el preaviso del 5 de noviembre de 2025 hasta la jornada de votaci\u00f3n, la empresa interpuso tres impugnaciones y opuso sistem\u00e1ticas dificultades para acreditar la existencia de un centro de trabajo, depurar el censo o constituir la mesa electoral. Dos laudos arbitrales desestimaron los recursos, pero el calendario se retras\u00f3 casi dos semanas. La incertidumbre sobre la plantilla real no se resolvi\u00f3: la empresa manejaba 280 trabajadores, la Seguridad Social certificaba 315 en noviembre y los ficheros del preaviso ascend\u00edan a 415. Glovo no aclar\u00f3 la diferencia.<\/p>\n\n\n\n
Ese d\u00e9ficit de transparencia es uno de los ejes del pliego de exigencias aprobado por el comit\u00e9. La plantilla trabaja bajo un convenio colectivo del sector de mensajer\u00eda de 2006 que, seg\u00fan denunci\u00f3 la secretaria del comit\u00e9, Daniela Castro, se sit\u00faa por debajo del Salario M\u00ednimo Interprofesional vigente. A ello se suma un sistema de sanciones econ\u00f3micas automatizadas \u2014descuentos por minutos de p\u00e9rdida de cobertura GPS, por salir del per\u00edmetro de reparto o por superar los tiempos de entrega estimados\u2014 que los trabajadores consideran arbitrario e incontestable. La tarifa base ronda los 8,90 euros la hora; cualquier incidencia del algoritmo recorta directamente esa retribuci\u00f3n sin mecanismo de alegaci\u00f3n \u00e1gil.<\/p>\n\n\n\n
La dimensi\u00f3n colectiva del problema supera Almer\u00eda. CCOO Servicios a la Ciudadan\u00eda ha impulsado elecciones sindicales en todas las bases de Glovo donde la laboralizaci\u00f3n ya es efectiva: A Coru\u00f1a, Madrid, Valencia, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria y Almer\u00eda. En todas ha salido primera fuerza, con el respaldo mayoritario de una plantilla que, en muchos casos, ha participado por primera vez en un proceso de representaci\u00f3n colectiva. En Almer\u00eda, 53 de los 78 votos emitidos fueron para la candidatura de la organizaci\u00f3n sindical, que obtuvo 9 de los 13 delegados del comit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Las condiciones que articulan esa adhesi\u00f3n son bien reconocibles. Las cuatro zonas de reparto de la provincia \u2014Almer\u00eda capital, Aguadulce, Roquetas de Mar y El Ejido\u2014 no cuentan con ning\u00fan local para que la plantilla se proteja de la climatolog\u00eda o almacene material. La publicaci\u00f3n anticipada de turnos no existe. Las n\u00f3minas no desglosan los conceptos retributivos. Y el algoritmo que determina sanciones, asignaciones y amonestaciones opera con opacidad total, sin posibilidad de revisi\u00f3n humana inmediata, en una empresa que ya acumula precedentes judiciales por el uso de la geolocalizaci\u00f3n como instrumento disciplinario, seg\u00fan han documentado medios especializados en su cobertura de otras bases.<\/p>\n\n\n\n
CCOO Servicios a la Ciudadan\u00eda de Almer\u00eda pone sobre la mesa que el derecho de representaci\u00f3n, conquistado tras tres meses de impugnaciones, es apenas el punto de partida. El convenio de 2006 necesita una actualizaci\u00f3n urgente; el sistema de sanciones exige un proceso transparente y garantizado; y el modelo de gesti\u00f3n algor\u00edtmica debe someterse a escrutinio y negociaci\u00f3n. La directiva europea sobre trabajo en plataformas digitales, aprobada en 2025 y que los Estados miembro deben transponer antes de 2027, refuerza esa agenda al establecer el derecho de los trabajadores a conocer c\u00f3mo funcionan los algoritmos que afectan a sus condiciones laborales.<\/p>\n\n\n\n
El reto que tiene por delante el sindicato provincial de Servicios a la Ciudadan\u00eda no es menor: negociar con una empresa que ha demostrado en el proceso electoral su predisposici\u00f3n a obstaculizar la acci\u00f3n sindical, en un sector donde las relaciones laborales siguen definidas m\u00e1s por la tecnolog\u00eda que por los derechos. La hoja de ruta es clara, pero las resistencias ya est\u00e1n documentadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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