Cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider y siete meses desde que Glovo completó la laboralización de sus repartidores en España, la provincia de Almería cuenta ya con su primer comité de empresa en la plataforma. La rueda de prensa celebrada hoy en el Edificio Sindical escenificó la presentación de ese comité, con CCOO Servicios a la Ciudadanía de Almería como fuerza mayoritaria, y situó sobre la mesa la distancia entre el marco legal y la realidad cotidiana de la plantilla.
La Ley 12/2021, conocida como Ley Rider, obligó a las plataformas de reparto a reconocer a sus trabajadores como asalariados, poniendo fin a la figura del falso autónomo. Glovo resistió la norma durante años y acumuló, según datos publicados, más de 200 millones de euros en sanciones de la Inspección de Trabajo y cotizaciones impagadas a la Seguridad Social, además de la imputación penal de su CEO. La laboralización efectiva no se completó hasta el 1 de julio de 2025. Lo que describen los repartidores de Almería sugiere, sin embargo, que el cambio contractual no ha traído consigo una transformación real de las relaciones laborales en la empresa.
El proceso que llevó a la elección de los 13 delegados del comité el 27 de enero ilustra esa resistencia. Desde el preaviso del 5 de noviembre de 2025 hasta la jornada de votación, la empresa interpuso tres impugnaciones y opuso sistemáticas dificultades para acreditar la existencia de un centro de trabajo, depurar el censo o constituir la mesa electoral. Dos laudos arbitrales desestimaron los recursos, pero el calendario se retrasó casi dos semanas. La incertidumbre sobre la plantilla real no se resolvió: la empresa manejaba 280 trabajadores, la Seguridad Social certificaba 315 en noviembre y los ficheros del preaviso ascendían a 415. Glovo no aclaró la diferencia.
Ese déficit de transparencia es uno de los ejes del pliego de exigencias aprobado por el comité. La plantilla trabaja bajo un convenio colectivo del sector de mensajería de 2006 que, según denunció la secretaria del comité, Daniela Castro, se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional vigente. A ello se suma un sistema de sanciones económicas automatizadas —descuentos por minutos de pérdida de cobertura GPS, por salir del perímetro de reparto o por superar los tiempos de entrega estimados— que los trabajadores consideran arbitrario e incontestable. La tarifa base ronda los 8,90 euros la hora; cualquier incidencia del algoritmo recorta directamente esa retribución sin mecanismo de alegación ágil.
La dimensión colectiva del problema supera Almería. CCOO Servicios a la Ciudadanía ha impulsado elecciones sindicales en todas las bases de Glovo donde la laboralización ya es efectiva: A Coruña, Madrid, Valencia, Alicante, Las Palmas de Gran Canaria y Almería. En todas ha salido primera fuerza, con el respaldo mayoritario de una plantilla que, en muchos casos, ha participado por primera vez en un proceso de representación colectiva. En Almería, 53 de los 78 votos emitidos fueron para la candidatura de la organización sindical, que obtuvo 9 de los 13 delegados del comité.
Las condiciones que articulan esa adhesión son bien reconocibles. Las cuatro zonas de reparto de la provincia —Almería capital, Aguadulce, Roquetas de Mar y El Ejido— no cuentan con ningún local para que la plantilla se proteja de la climatología o almacene material. La publicación anticipada de turnos no existe. Las nóminas no desglosan los conceptos retributivos. Y el algoritmo que determina sanciones, asignaciones y amonestaciones opera con opacidad total, sin posibilidad de revisión humana inmediata, en una empresa que ya acumula precedentes judiciales por el uso de la geolocalización como instrumento disciplinario, según han documentado medios especializados en su cobertura de otras bases.
CCOO Servicios a la Ciudadanía de Almería pone sobre la mesa que el derecho de representación, conquistado tras tres meses de impugnaciones, es apenas el punto de partida. El convenio de 2006 necesita una actualización urgente; el sistema de sanciones exige un proceso transparente y garantizado; y el modelo de gestión algorítmica debe someterse a escrutinio y negociación. La directiva europea sobre trabajo en plataformas digitales, aprobada en 2025 y que los Estados miembro deben transponer antes de 2027, refuerza esa agenda al establecer el derecho de los trabajadores a conocer cómo funcionan los algoritmos que afectan a sus condiciones laborales.
El reto que tiene por delante el sindicato provincial de Servicios a la Ciudadanía no es menor: negociar con una empresa que ha demostrado en el proceso electoral su predisposición a obstaculizar la acción sindical, en un sector donde las relaciones laborales siguen definidas más por la tecnología que por los derechos. La hoja de ruta es clara, pero las resistencias ya están documentadas.
