| La abogada y socia de AF Legis alerta de que la medida vulneraría principios constitucionales y podría paralizar el mercado inmobiliario catalán. “Convertir el derecho a la vivienda en un derecho de intervención absoluta es una deriva peligrosa”, advierte. |
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| imagen: freepik |
| La propuesta del president Salvador Illa de estudiar la prohibición de la compra “especulativa” de vivienda en Cataluña ha abierto un intenso debate jurídico. Para la abogada y socia de AF Legis Arantxa Goenaga, experta en derecho inmobiliario, la medida carece de base legal y supondría una grave vulneración de los derechos de propiedad y libertad de empresa reconocidos por la Constitución. “Comprar un inmueble con intención de obtener un beneficio económico es una práctica legítima y totalmente amparada por la ley”, sostiene Goenaga. “Penalizar una operación por su finalidad económica sería una intervención arbitraria e ideológica del mercado.” La jurista recuerda que la especulación inmobiliaria no está tipificada ni prohibida en el ordenamiento jurídico español y que cualquier limitación a la compraventa requeriría una reforma legislativa autonómica compatible con la normativa estatal y europea. “Con casi el 95% del territorio catalán declarado zona tensionada, una restricción de este tipo podría bloquear por completo el mercado inmobiliario”, advierte. Goenaga cuestiona además la falta de definición de la propuesta: “¿Qué se considera compra especulativa? ¿La adquisición de una segunda vivienda, la compra para alquilar o la compra por parte de una sociedad? Sin una definición precisa, la medida sería una fuente de inseguridad jurídica.” En su opinión, el foco debería estar en reforzar las políticas públicas de vivienda, no en limitar derechos individuales: “Garantizar el acceso a la vivienda corresponde a la Administración, no a los particulares. La solución pasa por aumentar la vivienda social, incentivar el alquiler asequible y proteger la propiedad frente a la ocupación ilegal.” “Convertir el derecho a la vivienda en un instrumento de intervención absoluta no lo garantiza; solo erosiona el Estado de Derecho”, concluye. |
Arantxa Goenaga: “Prohibir la compra especulativa carece de base jurídica y generaría inseguridad legal”
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