Los directivos del sector público de Andalucía aprueban por la mínima en mérito y capacidad
- El primer Dedómetro andaluz de la Fundación Hay Derecho analiza 153 máximos responsables de 40 entidades públicas de la comunidad
La Fundación Hay Derecho presenta este jueves en Sevilla el Dedómetro – edición Andalucía 2026, un estudio sobre el mérito, la capacidad y la independencia de los máximos responsables del sector público andaluz. El informe analiza 153 directivos de 40 entidades públicas durante el periodo 2000–2026 con el objetivo de evaluar si los nombramientos responden a criterios objetivos de idoneidad o si siguen dependiendo de dinámicas de confianza política y discrecionalidad.
La principal conclusión del estudio es que la dirección pública andaluza aprueba por la mínima: el indicador global de mérito y capacidad se sitúa en una media de 5,4 sobre 10. Aunque el informe detecta una cierta mejora en los últimos años, especialmente en la experiencia específica de algunos perfiles y en la independencia política formal, esa evolución sigue siendo parcial, limitada e insuficiente.
El segundo mayor sector público autonómico
Andalucía cuenta con uno de los sectores públicos institucionales de mayor dimensión en España. Según el Inventario de Entes del Sector Público Estatal –INVENTE–, suma 128 entes, lo que la convierte en el segundo sector público institucional autonómico más grande del país, solo por detrás de Cataluña.
El conjunto de entidades instrumentales andaluzas gestiona un presupuesto agregado superior a los 23.000 millones de euros y desarrolla funciones estratégicas en ámbitos como infraestructuras, innovación, empleo, vivienda, energía, medio ambiente, gestión agraria, cultura, cooperación internacional, medios públicos o gestión tributaria.
Una profesionalización todavía débil
«No basta con nombrar personas con trayectoria profesional: hace falta que esa trayectoria sea adecuada a la entidad que van a dirigir y que el proceso de selección esté basado en reglas objetivas», señala Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho y directora de la investigación.
El estudio de Hay Derecho concluye que Andalucía no cuenta todavía con un modelo sólido y generalizado de dirección pública profesional. La mejora reciente en algunos indicadores no elimina las debilidades de fondo: ausencia de requisitos claros, falta de procedimientos competitivos, elevada rotación y nombramientos que no siempre guardan una relación suficiente con la complejidad técnica de las entidades analizadas.
Falta de requisitos y baja experiencia en gestión
Uno de los principales problemas detectados es la ausencia de requisitos normativos específicos para acceder a la máxima dirección. El informe constata que 30 de las 40 entidades analizadas no establecen requisitos materiales claros para el nombramiento de sus máximos responsables, más allá de determinar qué órgano tiene la competencia para designarlos.
Además, el principal déficit aparece en la experiencia previa en gestión, con una media de solo 3,06 puntos sobre 10. Este dato resulta especialmente relevante porque muchas entidades analizadas gestionan presupuestos elevados, plantillas amplias y políticas públicas de alta complejidad.
La discrecionalidad sigue pesando
«Cuando no hay requisitos claros ni procesos competitivos, el nombramiento depende demasiado de la confianza política. Y eso genera una dirección pública más vulnerable a las presiones políticas, generando rotación e improvisación. Y ahí falla la continuidad estratégica en sectores claves», afirma Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
«Dirigir una entidad pública no es solo conocer el sector. También exige saber gestionar presupuestos, equipos, proyectos complejos y riesgos institucionales. Y ahí el informe detecta una debilidad muy clara», explica Germán J. Arenas, coautor del informe y responsable del trabajo de campo.
Casos relevantes y buenas prácticas
Entre las entidades con mayores debilidades, el informe destaca casos como la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), la Agencia Pública Andaluza de Educación, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA) y la extinta Agencia IDEA.
El estudio también identifica buenas prácticas y señales de mejora en entidades como la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y la Fundación Pública Andalucía Emprende. En estos casos, se observa una mayor correspondencia entre el perfil directivo y la misión de la entidad, así como la importancia de contar con requisitos formales o procedimientos de selección más estructurados.
Propuestas para profesionalizar la dirección pública en Andalucía
A partir de los resultados, Hay Derecho propone implantar procesos de selección abiertos, transparentes y competitivos, establecer requisitos normativos mínimos, introducir contratos de desempeño con objetivos medibles, crear un modelo normalizado de currículum directivo, publicar el histórico de máximos responsables y reforzar la responsabilidad individual en materia de transparencia.
«La mejora de la dirección pública no puede depender de la buena voluntad puntual de cada gobierno. Necesita reglas estables, transparencia y evaluación. Solo así se puede garantizar que quienes dirigen entidades públicas estratégicas lo hacen por ser idóneos para esa responsabilidad y que van a rendir cuentas de su resultado», concluye Safira Cantos.
Sobre el Dedómetro y la Fundación Hay Derecho
El Dedómetro es un informe original de la Fundación Hay Derecho que evalúa la idoneidad de los máximos responsables de entidades públicas –autonómicas y estatales– a partir de indicadores objetivos de formación, experiencia profesional, experiencia en la materia, experiencia de gestión e independencia política.
La Fundación Hay Derecho es una organización independiente y sin ánimo de lucro referente en España y la Unión Europea en la defensa del Estado de derecho, el buen funcionamiento institucional y la lucha contra la corrupción mediante informes, análisis experto y acciones de transparencia y rendición de cuentas ante autoridades e instituciones.
