Catorce años de sueldos mínimos, sin cambios y sin derecho a antigüedad desde que fueron absorbidos por el consistorio tras el rescate de la concesión.
El conflicto laboral que afecta a la plantilla de Caddie Master del Campo Municipal Alborán Golf ha dado esta semana un nuevo paso tras el acto de conciliación ante el SERCLA, concluido sin acuerdo. Ni el Ayuntamiento de Almería ni la Empresa Municipal Turística (EMAT) han respondido sobre el acto o resolución administrativa que habilita a la empresa pública a explotar económicamente el patrimonio deportivo municipal.
Los trabajadores de la mayor instalación deportiva del Ayuntamiento emprenderán acciones judiciales en los próximos días, al entender agotadas —y en la práctica, bloqueadas— las vías de negociación. “Son 14 años de sueldos mínimos, sin mejoras, sin derecho a un plus por antigüedad y, lo más importante, sin saber aún quién decidió, y con qué criterios, que unos se quedaran como trabajadores del Ayuntamiento mientras otros eran sometidos a un patrón de subrogaciones por las que han pasado Cooperación 2005, Central Purchasing Body y, ahora, Salzillo Servicios Integrales”.
El colectivo inició su reivindicación solicitando mejoras mínimas y el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud. La única respuesta contrastable, sostienen, fue que para cobrar las nóminas de abril tuvieron que denunciar ante la Inspección de Trabajo el día 10. “Si al trabajador se le asfixia y encima se le trata con la soberbia con la que lo está haciendo el equipo de gobierno de María del Mar Vázquez Agüero, ya no es una mera lucha por derechos laborales. Estos trabajadores piden dignidad en un escenario en el que el Ayuntamiento de Almería está convirtiendo una reivindicación laboral en una lucha de clases: de políticos de alta alcurnia contra trabajadores que, según ellos, deben darles hasta las gracias por trabajar. Y por ahí no van a pasar”, explican desde el equipo jurídico del colectivo.
La falta de acuerdo llega tras desestimar la EMAT las alegaciones de la plantilla y rechazar la entrega de información clave sobre la gestión del servicio. El informe, firmado por el concejal de Turismo, insiste en que la administración es “ajena” a la relación laboral, pese a que el expediente reconoce su intervención en la definición del modelo y el control del servicio. La plantilla, representada por el laboralista Francisco Ruano en colaboración estratégica con el también abogado Javier Salvador, ve en ello una “dirección real” única y exige que se muestre públicamente el acto o resolución administrativa que habilita a la EMAT a explotar patrimonio deportivo municipal.
En el SERCLA quedó expuesto el origen del conflicto: tras el paso de la empresa privada a la órbita municipal, solo tres empleados fueron integrados en la empresa pública, mientras el resto quedó encadenado a sucesivas subrogaciones. Los trabajadores reclaman saber quién decidió esa división y bajo qué criterios, ya que la arbitrariedad en dicha resolución podría derivar en un escenario jurídico distinto al laboral.
La demanda abordará las diferencias salariales acumuladas y el modelo de gestión aplicado a quienes sostienen, en primera línea, uno de los principales activos deportivos de la ciudad.
