Los sindicatos de Pensionistas y Jubilados de CCOO Almería y UGT Almería han expuesto la crítica situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en la provincia, calificándola como «de UCI». Con datos oficiales que revelan una lista de espera de 2.993 personas a junio de este año, ambas organizaciones han denunciado la inacción de la Junta de Andalucía.
Las organizaciones sindicales han presentado un análisis sobre la gestión de la dependencia en Andalucía, que se sitúa como la última comunidad autónoma de España en cuanto a la agilidad en la recepción de prestaciones. Esta parálisis administrativa tiene consecuencias dramáticas, en 2024, una media de 33 personas falleció cada día en Andalucía esperando una prestación a la que tenían derecho por ley. Desde UGT y CCOO se ha calificado esta realidad como inaceptable, evidenciando un abandono institucional hacia las personas más vulnerables.
La situación en Almería es un fiel reflejo de este colapso. Según los datos de la propia Consejería, la provincia acumula una lista de espera para recibir prestaciones de 2.993 personas a fecha de junio de 2025. A esta cifra se suman las 1.322 personas que aún están pendientes de la resolución de su grado de dependencia. En total, en Almería se han registrado 33.222 solicitudes, una demanda que el sistema actual es incapaz de absorber con la diligencia que la ley y la dignidad humana exigen. Ambas centrales sindicales han recordado que el tiempo medio de espera en Andalucía alcanza los 574 días, el triple de los 180 días que marca la normativa.
Durante la comparecencia, se ha subrayado la urgencia de la situación, destacando que en junio se registraron en Andalucía 4.327 nuevas solicitudes mientras que hubo 3.567 bajas por fallecimiento. Por ello, se ha insistido en la necesidad de un plan de choque, reclamado insistentemente al gobierno andaluz, que cuente con una dotación presupuestaria suficiente para rebajar drásticamente estas listas de espera intolerables. Además, se ha puesto sobre la mesa otra grave carencia: la falta de plazas residenciales. Citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda un 5% de plazas sobre la población mayor de 65 años, en Andalucía faltarían unas 38.000 para cumplir con los objetivos marcados. Los sindicatos han sentenciado que la única alternativa para acceder a una residencia es costearse una plaza privada, ante la saturación de la red pública y concertada.
Asimismo, se ha denunciado que «es inasumible que haya personas que mueren esperando una ayuda a la que tienen por ley derecho». La crítica se ha extendido a otras problemáticas que afectan a las personas mayores, como la persistente brecha de género en las pensiones, el drama de la soledad no deseada y el «edadismo», que ha sido definido como una forma de maltrato. Las fuerzas sindicales han rechazado con rotundidad la falsa narrativa de un conflicto intergeneracional, afirmando que «quien se carga el estado del bienestar es quien, en lugar de trabajar para mantenerlo, trabaja para favorecer los intereses privados y espurios».
Por otro lado, también han puesto el acento en el deterioro de los Centros de Participación Activa (CPA), espacios fundamentales para combatir la soledad no deseada y fomentar la especialización. La falta de personal, con numerosas vacantes sin cubrir, provoca que muchos centros no abran por las tardes o durante los festivos y que servicios como las cafeterías permanezcan cerrados, limitando un recurso esencial para el bienestar de miles de mayores en la provincia.
Ante este panorama desolador, CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la movilización. El próximo martes, 1 de octubre, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, han convocado una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Con esta acción, buscan visibilizar una realidad que afecta a miles de familias almerienses y exigir a la administración autonómica que asuma su responsabilidad, implementando de una vez por todas un plan de choque eficaz y dotando al sistema de dependencia de los recursos necesarios para garantizar una atención digna y de calidad.
