SRP DECLARA «PERSONA NON GRATA» A JAVIER MILEI, PRESIDENTE DE ARGENTINA

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La libertad sindical constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sistema democrático. Gracias a ella, las personas trabajadoras pueden organizarse, defender sus intereses, negociar colectivamente sus condiciones laborales y ejercer una voz independiente frente a situaciones de desigualdad, precariedad o injusticia.

En un contexto de profundas transformaciones sociales, económicas y laborales, resulta más necesario que nunca reforzar la unidad de acción sindical y reivindicar el papel fundamental que desempeñan las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, la negociación colectiva y la mejora constante de las condiciones de vida de la clase trabajadora. En este sentido, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) mantiene una apuesta decidida por la defensa de los intereses profesionales y sociales de los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía.

Durante las últimas semanas hemos expresado nuestro rechazo a cualquier manifestación de violencia y al uso desproporcionado o injustificado de la fuerza por parte de algunos miembros de Policía Nacional. Y del mismo modo, defendemos que los miembros de dichas unidades no sean objeto de agresiones, amenazas o campañas de descrédito, especialmente cuando desempeñan su labor en escenarios de elevada tensión social derivados de problemáticas que afectan a amplios sectores de la ciudadanía como la vivienda, la educación o las dificultades económicas.

El SRP viene reclamando desde hace años reformas profundas tanto en el ámbito sindical como en el modelo policial, con el objetivo de promover un debate serio y responsable sobre la institución policial que España necesita para afrontar los retos presentes y futuros. Estas propuestas se realizan desde el rigor, la responsabilidad y el compromiso con los valores democráticos.

Sin embargo, cuando desde nuestra organización planteamos estas reflexiones y reivindicaciones, somos objeto de insultos, descalificaciones y ataques, especialmente a través de redes sociales. En muchas ocasiones, estas actuaciones proceden de sectores sindicales y de determinados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vinculados ideológicamente a posiciones de extrema derecha, que pretenden desacreditar cualquier propuesta de renovación o progreso social.

Estos comportamientos no son nuevos. Ya se produjeron contra representantes políticos democráticamente elegidos, entre ellos el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias Turrión, su familia y la formación política a la que pertenece, sin que hasta la fecha se haya reparado adecuadamente el daño ocasionado por aquellas campañas de hostigamiento.

En este contexto, consideramos especialmente grave la intervención pública del presidente de la República Argentina, Javier Milei, cuyas declaraciones contra el presidente del Gobierno de España D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón y contra amplios sectores progresistas de la sociedad española se han caracterizado por un tono ofensivo, descalificador y alejado de los principios básicos del respeto institucional que deben regir las relaciones entre Estados democráticos.

Las descalificaciones personales, los insultos y la difusión de discursos de confrontación desde la máxima representación política de un país constituyen comportamientos incompatibles con la responsabilidad institucional que exige el ejercicio de un cargo de esa relevancia. Tales actitudes contribuyen al deterioro de la convivencia democrática y fomentan un clima de polarización social que puede tener consecuencias imprevisibles.

Una democracia no puede permanecer impasible cuando representantes públicos de otros Estados desacreditan o insultan a instituciones legalmente constituidas y respaldadas por la voluntad popular expresada en las urnas. La normalización de estos comportamientos erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y debilita los valores de respeto, pluralismo y convivencia que sustentan nuestro sistema democrático.

Por todo ello, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) manifiesta su más firme rechazo a las declaraciones y actitudes protagonizadas por Javier Milei y considera que su conducta supone una injerencia inaceptable en la vida política española y a sus servidores públicos. En consecuencia, esta organización acuerda declarar a Javier Milei, presidente de la República Argentina, «persona non grata», como expresión de protesta institucional ante unos comportamientos que consideramos incompatibles con los principios democráticos el respeto entre naciones y la convivencia social.

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