El PSOE acusa al PP de “mirar hacia otro lado” ante posibles pagos por servicios de limpieza no prestados en los colegios de Almería
El PP votó en contra de investigar los incumplimientos del contrato con FCC Medio Ambiente y se niega a reclamar información clave
El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Antonio Ruano Tapia, ha denunciado la “enorme gravedad política, administrativa y económica” de la actitud del equipo de Gobierno del Partido Popular ante los posibles incumplimientos del contrato del servicio de limpieza de dependencias municipales, suscrito por el Ayuntamiento con FCC Medio Ambiente.
Ruano ha criticado que el PP votara en contra de una propuesta presentada por el PSOE para esclarecer estos hechos que suponen un grave escándalo y que, en un pleno posterior, “obviara interesarse por este asunto” alegando que las actas de inspección “pertenecen a la empresa” y que el Ayuntamiento no tiene acceso a ellas. A juicio del edil socialista, esa explicación resulta “inadmisible” en una administración que paga con fondos públicos un servicio contratado y que, por tanto, “tiene la obligación legal, política y moral de controlar que se presta conforme a los pliegos”.
“Es inaceptable que el Gobierno municipal pretenda escudarse en que unas actas son de la empresa para no investigar si se han abonado servicios que no se han realizado. Si el Ayuntamiento paga, el Ayuntamiento debe controlar. Y si existen documentos que acreditan incumplimientos, lo que tiene que hacer el PP es reclamarlos, analizarlos y actuar en defensa del dinero de los almerienses”, ha señalado Antonio Ruano.
La propuestasocialista alertaba de una situación “anómala” en el contrato de limpieza de colegios, después de que en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones celebrada el 25 de mayo de 2026 uno de los inspectores del servicio designado por el Ayuntamientopusiera de manifiesto la existencia de actas e informes en los que, según su testimonio, se acreditarían incumplimientos reiterados por parte de la empresa adjudicataria en numerosos centros cuya limpieza tiene encomendada por los que, sin embargo, se ha pagado mucho dinero público.
Para Ruano, lo “especialmente grave” no es solo que puedan existir prestaciones incluidas en el contrato que no se estén ejecutando, sino que, pese a la existencia de actas de inspección que acreditarían la falta de prestación de estos servicios, la empresa concesionaria haya continuado percibiendo las correspondientes contraprestaciones económicas con cargo a fondos públicos, sin que conste la adopción de medidas eficaces para corregir los incumplimientos, aplicar penalidades contractuales o minorar las certificaciones y facturas abonadas.
“Estamos hablando de la posibilidad de que se hayan pagado facturas por trabajos no realizados o ejecutados de forma deficiente. Y ante una sospecha de esa dimensión, el Ayuntamiento no puede limitarse a mirar hacia otro lado ni a repetir que no tiene acceso a la documentación. La legislación vigente no permite que una Administración pague por servicios no prestados ni que permanezca inactiva ante incumplimientos acreditados”, ha advertido el concejal socialista.
La iniciativa del PSOE reclamaba abrir de inmediato un expediente para revisar y controlar la ejecución del contrato de limpieza de dependencias municipales, así como remitir al Pleno y a los grupos municipales toda la documentación relacionada con su seguimiento durante los últimos cinco años. También pedía aplicar penalidades y deducciones por los servicios incumplidos, que Intervención informara sobre posibles pagos por prestaciones no realizadas y que los servicios jurídicos estudiaran la recuperación de cantidades indebidamente abonadas.
Además, la moción planteaba valorar si los incumplimientos podían justificar la resolución del contrato, crear una comisión informativa especial con acceso a la documentación, depurar posibles responsabilidades administrativas, técnicas o políticas y trasladar los acuerdos a la empresa, a los órganos municipales competentes y, si hubiera indicios de menoscabo de fondos públicos, a los órganos de control externo.
“Lo que pedíamos era algo tan básico como transparencia, control y defensa del interés público: saber qué servicios no se han prestado, qué cantidades se han abonado, por qué no se han aplicado las medidas previstas en la legislación contractual y quiénes son los responsables de esta situación”, ha resumido Antonio Ruano.
“El Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de garantizar que cada euro procedente de los impuestos de los almerienses se destina exclusivamente a servicios efectivamente prestados y correctamente ejecutados. No puede normalizarse que existan actas que acrediten incumplimientos contractuales mientras continúan realizándose pagos como si todo funcionara con normalidad. Cuando un Gobierno municipal se niega a investigar posibles pagos por servicios no prestados, el problema ya no es solo la empresa: el problema es un equipo de Gobierno que se desentiende de su deber de fiscalizar, corregir y proteger el dinero público”, ha finalizado.
