Roquetas de Mar, con más de 100.000 habitantes censados y una población que puede triplicarse durante los meses de verano, continúa sin contar con una comisaría de Policía Nacional. Esta ausencia, junto a la falta de medios materiales y humanos en los cuerpos policiales que operan en el municipio, ha motivado que Izquierda Unida Roquetas impulse una batería de preguntas parlamentarias a través del grupo Sumar en el Congreso de los Diputados.
La iniciativa se produce en un contexto marcado por la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha calificado como “insostenible” la situación que atraviesan los agentes en Roquetas. Según la AUGC, la ruptura unilateral del protocolo de custodia de detenidos por parte de la Policía Local ha generado una sobrecarga operativa en la Guardia Civil, obligando a trasladar detenidos a otras localidades como Adra o Garrucha.
En las preguntas registradas en el Congreso, IU solicita información sobre los plazos previstos para la apertura de la comisaría, las medidas para reforzar la operatividad de la Guardia Civil, la coordinación entre cuerpos policiales, y la mejora de infraestructuras y condiciones laborales en el cuartel de Roquetas.
Desde IU Roquetas, su coordinadora local, Belén Pérez, ha subrayado que “la situación afecta tanto a la ciudadanía como a los propios trabajadores de los cuerpos de seguridad, que tienen derecho a ejercer su labor en condiciones dignas y con una carga de trabajo asumible”. Pérez ha recordado que la formación lleva años reclamando la apertura de una comisaría de Policía Nacional en el municipio, “una infraestructura que consideramos imprescindible para una ciudad de estas dimensiones”.
Desde la organización de izquierdas también ha expresado su apoyo a la Policía Local en el conflicto que mantiene con el equipo de gobierno municipal. “Nos hemos posicionado del lado de los trabajadores, porque entendemos que su reivindicación responde a una necesidad de mejorar el servicio público”, ha señalado Pérez.
IU subraya además que los delitos más graves registrados en los últimos meses en el municipio están relacionados con la violencia de género, el narcotráfico y el petaqueo, una práctica que ha generado preocupación en distintos puntos de la provincia. “La seguridad no puede depender de equilibrios políticos. Es una cuestión de derechos y de responsabilidad institucional”, ha concluido Pérez.
