Barcelona es la provincia más afectada y Girona lidera entre las capitales“El Estado confunde derechos y obligaciones: el derecho a la vivienda lo debe garantizar la Administración, no los propietarios”, advierte la abogada Arantxa Goenaga (AF Legis) Idealista ha publicado un nuevo estudio que analiza por primera vez el peso de las viviendas sin posesión en el mercado inmobiliario español, revelando que ya suponen el 3% del total de inmuebles en venta en el país. Según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2025, Cataluña concentra el 39% de todas las viviendas okupadas en venta en España, con 8.926 inmuebles en esta situación. Por provincias, Barcelona (7,9%), Tarragona (4,4%), Lleida (4,3%) y Girona (3,7%) superan la media estatal, mientras que en las capitales catalanas el fenómeno se intensifica: Girona (8,9%) y Tarragona (8,8%) lideran el ranking nacional, seguidas por Lleida (5,7%) y Barcelona (3,7%). El estudio pone de manifiesto la consolidación de un mercado paralelo de viviendas sin posesión, alimentado por la lentitud judicial y el cansancio de muchos propietarios, que acaban vendiendo sus inmuebles muy por debajo de su valor real. En este contexto, Arantxa Goenaga, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, analiza las implicaciones legales, sociales y económicas de esta tendencia. Goenaga explica que vender una vivienda sin posesión es una práctica legal, pero con importantes riesgos. “Vender una vivienda sin posesión conlleva que no se pueda acceder inmediatamente a ella, que no podamos tener conocimiento del estado en que se encuentra y los problemas que puede llevar que alguien, sin el consentimiento de la propiedad, resida en la misma”, señala. La abogada subraya que el comprador asume un riesgo considerable: “No podrá reclamar vicios ocultos ni disconformidades porque no se ha podido acceder al inmueble, y para obtener la posesión deberá iniciar un procedimiento judicial”. La situación se agrava en Cataluña, donde la normativa autonómica ha generado, según la experta, más inseguridad jurídica que en otras regiones. “La normativa catalana es más laxa con estas okupaciones y pone más trabas a los propietarios”, advierte. Goenaga cita como ejemplo la interpretación que la Generalitat hace de la figura del gran tenedor, distinta a la establecida por la ley estatal: “Esto genera confusión, más litigiosidad y transmite la sensación de que las personas que okupan tienen más protección que el propietario legítimo”. Esa percepción de indefensión explica que muchos propietarios opten por vender antes que seguir esperando la intervención judicial. “Se está normalizando la compraventa de viviendas okupadas como vía de salida, y no solo por la lentitud de la justicia, sino también por las sanciones a los propietarios de viviendas vacías y la imposición de alquileres sociales a los grandes tenedores”, apunta Goenaga. Según la abogada, los grandes fondos, que concentran buena parte de los inmuebles en esta situación, prefieren vender para evitar esas obligaciones administrativas, lo que ha disparado este tipo de operaciones en los últimos meses. Los plazos judiciales, además, se han alargado significativamente. “Antes una desocupación judicial podía resolverse en seis meses como mucho; ahora los procedimientos duran más de un año”, afirma la socia de AF Legis. Una demora que, unida a los costes derivados del proceso, disuade a muchos propietarios de iniciar reclamaciones judiciales. Esta inseguridad, combinada con los gastos añadidos, explica la caída de los precios en este segmento del mercado. “Estas operaciones se cierran a precios muy por debajo del valor de mercado, porque el comprador debe asumir no solo el coste del procedimiento de desalojo, sino también la reforma integral del inmueble y los gastos de comunidad e impuestos pendientes”, añade Goenaga. Según el estudio de Idealista, las viviendas sin posesión se venden hasta un 50% más baratas que las libres de ocupación. Para la abogada, el problema no radica tanto en la ausencia de leyes como en su incorrecta aplicación. “Más que una reforma legal, lo que se necesita es que se apliquen los mecanismos que siempre han existido. Si hay una okupación, se debe desalojar por la policía o mediante un procedimiento penal rápido, porque estamos ante un delito”, sostiene. Goenaga critica que el Estado haya trasladado a los propietarios responsabilidades que no les corresponden, especialmente en el contexto de las normativas que suspenden los desahucios o imponen obligaciones adicionales a los particulares. “El derecho a la vivienda es un derecho que debe garantizar el Estado, no los particulares. Si un inquilino deja de pagar, el propietario no tiene por qué darle gratis alojamiento: la Administración tiene que auxiliarle”, concluye. La experta advierte que, sin una respuesta judicial ágil y coherente, el fenómeno de las viviendas sin posesión seguirá creciendo, devaluando el mercado inmobiliario y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de miles de propietarios en toda España. Sobre AF Legis Con un equipo con más de 20 años de experiencia en el mercado, AF Legis es una firma de abogados reconocida por su capacidad para solucionar conflictos jurídicos complejos; ofrece un servicio jurídico de alta calidad y apoyo legal a empresas y particulares en todos los ámbitos, incluyendo el asesoramiento a inversores extranjeros que invierten en España, así como empresas españolas que invierten en el extranjero. AF Legis está liderada por Jorge Fernández Fernández, Antonio Pastor Pérez y Arantxa Goenaga Llorca, socios del bufete jurídico. Además, el bufete cuenta con alianzas en Palma de Mallorca, Milán, Lisboa, París, Bogotá, Sao Paulo, Ciudad de México y Ciudad de Panamá. |
Cataluña concentra el 39% de las viviendas sin posesión en venta en España, según idealista
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