| Estamos volviendo a escuchar la matraca recurrente en los últimos años sobre la sostenibilidad de las pensiones, amplificada por el último informe de la OCDE que advierte de la presión financiera que supondrá la inminente jubilación masiva de los baby boomers. Un día abordaré con detenimiento ese “desguace” narrativo del sistema público de pensiones, pero hoy creo que es necesario abrir el foco. Quedarse solo en el debate de las nóminas de los jubilados es un error: la realidad que se avecina es mucho más compleja. España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes, consolidándose como el tercer país con mayor esperanza de vida (84 años) y el quinto más envejecido de la UE. Seremos más y viviremos más tiempo, lo cual es un éxito social, pero plantea un reto mayúsculo.Vivir más no siempre significa vivir mejor. Un reciente informe del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) nos recuerda que, a partir de los 65 años, más de la mitad del tiempo se transita con algún tipo de discapacidad, una realidad que golpea especialmente a las mujeres. Esto anticipa una presión sin precedentes de las costuras del sistema de servicios públicos. Estamos viendo ya las largas listas de espera en la sanidad pública, las urgencias saturadas en varias comunidades y un sistema de dependencia que no llega a todos: el último informe del Observatorio Estatal señala que más de 280.000 personas dependientes están esperando para ser valoradas o recibir su prestación, y que más de 150.000 personas no reciben el servicio que ya tienen reconocido por derecho. |
