Mar Panizo Jiménez
La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL) se suma al posicionamiento expresado hoy por la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), reunida en Sevilla, en defensa de un sistema de financiación autonómica justo, solidario y coherente con el principio de igualdad entre territorios que consagra la Constitución.
Desde Asempal, respaldamos firmemente el llamamiento realizado por CEA frente a cualquier intento de romper la caja común de la hacienda estatal, establecer privilegios para determinadas comunidades autónomas o consolidar un modelo de financiación singular que incremente los desequilibrios y la desigualdad entre territorios y ciudadanos.
Como parte activa del tejido empresarial andaluz y almeriense, consideramos que el bienestar de nuestra sociedad y la competitividad de nuestras empresas requieren políticas que garanticen la cohesión territorial, el equilibrio inversor y el acceso igualitario a servicios e infraestructuras estratégicas.
A continuación, se reproduce el comunicado íntegro emitido por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA):
CEA rechaza privilegios en el modelo de financiación autonómica
La Junta Directiva de CEA denuncia que romper la caja común de hacienda, privilegiando a unas comunidades sobre otras, quiebra la cohesión nacional perjudicando gravemente el desarrollo económico, el bienestar y el progreso de Andalucía.
La Junta Directiva de CEA manifiesta su rechazo a las políticas que rompen el principio constitucional de solidaridad entre territorios porque consolidan desequilibrios entre los ciudadanos. La negociación bilateral con una administración territorial para dotar a Cataluña de una financiación singular, o la cesión de competencias en materia de Seguridad Social al País Vasco, dibujan una España con una parte de la población privilegiada y mejor financiada, con capacidad para disponer de mejores servicios públicos, en perjuicio del resto de territorios, ahondando así en las diferencias y los desequilibrios.
Por tanto, CEA muestra su preocupación ante las decisiones que puedan quebrar la caja única de la hacienda estatal, primando a un territorio con financiación singular, que de facto supone romper el sistema común de financiación autonómica y avanzar hacia un modelo federal que no está previsto en la Constitución. Consolidar la desigualdad, primando a la población de un territorio, no es coherente con la definición de un gobierno que busque el progreso del país ni con la búsqueda del bien común.
En esa línea, la Confederación de Empresarios de Andalucía manifiesta su inquietud ante la falta de respuesta a las reiteradas apelaciones a preservar la igualdad entre territorios y a resolver los problemas reales de los españoles, frente a una acción política centrada en el corto plazo y en los intereses coyunturales de una minoría, en lugar de orientarse a la búsqueda del interés general de la nación.
La concesión de privilegios a unas comunidades autónomas en detrimento de otras supone profundizar en la desigualdad entre empresas, entre ciudadanos, en los desequilibrios entre territorios y, en definitiva, en la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, que son, precisamente, las que tienen el deber de salvaguardar el interés general de todos.
Igualmente, CEA pone de manifiesto la deficiencia estructural de inversiones que padece Andalucía, aspecto que se acentúa por múltiples decisiones que retrasan la ejecución y modernización de infraestructuras que son claves para nuestra comunidad. Andalucía está siendo relegada tanto en inversión como en ejecución de infraestructuras estratégicas como el Corredor Ferroviario, red de carreteras, aeropuertos o redes e infraestructuras eléctricas. Mientras en otras comunidades se impulsan todo tipo de proyectos, en la nuestra se postergan, aplazando y retrasando inversiones y decisiones clave para la competitividad del territorio.
Como agente económico y social legitimado en el marco del orden constitucional, y desde nuestra posición como interlocutor social autorizado, las organizaciones empresariales andaluzas tenemos la responsabilidad de seguir alzando la voz en defensa del interés general, denunciando esta desigualdad y trasladando a la sociedad las graves consecuencias que implica para el desarrollo de la actividad empresarial en Andalucía y, en consecuencia, para el bienestar de nuestra población.
