La alcaldesa lamenta la interpretación que una jueza hace de unos hechos denunciados por el PP, y recuerda que en 2006 el alcalde era Pedro Llamas, el secretario era otro distinto al actual, y que ninguno de ellos elevaron a pleno tal decisión judicial
Puri Sánchez Aránega, alcaldesa de Cantoria, ha salido al paso de las informaciones que se están difundiendo a raíz de un auto de una jueza de instancia que transforma unas diligencias previas en procedimiento abreviado, “por si los hechos investigados fueren constitutivos de delito”. La regidora se muestra tajante al afirmar que “Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una orden de demolición. Jamás hemos realizado ningún trámite administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza, y la prueba de ello es que esa sentencia, que se hace pública siendo alcalde Pedro Llamas (PP) —condenado e inhabilitado precisamente años más tarde por permitir la construcción de viviendas ilegales—, no fue comunicada al Pleno, como es preceptivo con toda sentencia. No consta en ninguna acta, no hubo personación legal del Ayuntamiento en la causa y nunca formó parte de expediente urbanístico alguno. Respeto, por tanto, a todo auto de una jueza, y tengo plena confianza en todo proceso que se ha llevado a cabo en este Ayuntamiento por este equipo de gobierno y el personal actual de la casa”, afirma la regidora.
Desde el equipo de gobierno se recuerda que los denunciantes son concejales del Partido Popular, gobernantes durante la construcción de las viviendas ilegales señaladas y en el momento de dictarse sentencia, incluso uno de ellos agente del SEPRONA, mientras se construyeron más de 1.000 viviendas ilegales en el término municipal. También se señala que los precursores de la causa son los mismos que ya han interpuesto infinidad de denuncias contra el Ayuntamiento, su regidora o personas vinculadas a este. Incluso en una de ellas se acusó de agresiones que luego no reconoció ni siquiera la supuesta víctima en el mismo juicio oral.
Asimismo, se indica que el auto de la jueza de instancia de Huércal-Overa es plenamente recurrible y que, en todo caso, será en el momento del juicio oral cuando deban demostrarse las acusaciones contra la regidora cantoriana o el personal del Ayuntamiento. Esos posibles delitos nada tienen que ver con los señalados en el auto contra el empresario, principal encausado, que promovió primero las viviendas y luego el expediente administrativo en el que ocultó la referida sentencia de demolición en su declaración jurada. Este hecho ha sido denunciado por el propio Ayuntamiento de Cantoria, pero fiscalía entiende que esa falsedad documental está prescrita.
