La Coordinadora Ecologista Almeriense ha pedido la recusación de la juez María del Mar Jiménez Morera, ponente en el recurso que dicha organización tiene abierto contra la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del PGOU del Mojácar. Lo hace por un doble motivo: por un lado dicha magistrada acaba de firmar, como segunda ponente, la sentencia desestimando el recurso de Salvemos Mojácar contra el PGOU, lo que puede manifestar falta de neutralidad, y predisposición a dictar otra sentencia en la misma línea. Por otro Salvemos Mojácar ya había pedido la recusación de dicha jueza en 2023 por asuntos relativos al Algarrobico, con gran eco mediático, lo que por un lado puede implicar animadversión de dicha ponente hacia la Asociación, y por otro manifiesta las objeciones que la Asociación ya ha tenido en el pasado contra dicha juez y sus actuaciones.
Concretamente en el pasado y hasta la actualidad, la Asociación ha venido denunciando la laxitud de dicha juez con el Ayuntamiento de Carboneras, lo que está llevando a que la anulación de la licencia del hotel se eternice. Más concretamente la Salvemos Mojácar denunció en su día que la jueza había dictado en 2014 sentencia favorable al hotel junto con otro magistrado, Jorge Muñoz Cortés, que hasta hace muy poco ha sido durante varios años letrado del Ayuntamiento de Carboneras. Todo ello se consideraba escandaloso e inconstitucional y por ello Salvemos Mojácar pidió que se recusara a la jueza en 2023, si bien la petición fue desestimada por estar fuerza de plazo. Por otro lado la ponente que firmaba esta desestimación era Beatriz Galindo, la misma ponente que firma como presidenta la reciente sentencia desestimando el recurso de Salvemos Mojácar contra el PGOU de Mojácar y que va a ser recurrida en el Tribunal Supremo.
Salvemos Mojácar mantiene actualmente cuatro recursos contencioso-administrativos contra los mayores desarrollos y despropósitos previstos en Mojácar, incluidos dos contra el PGOU, uno de los cuales va a ser recurrido en el Tribunal Supremo, y uno contra la variante, así como contra la urbanización de Cañada Aguilar.
Salvemos Mojácar recurrirá al tribunal Supremo la reciente sentencia desfavorable a su recurso contra el PGOU de Mojácar, sentencia que considera se ha plegado de forma unilateral y arbitraria a las propuestas del Ayuntamiento, al considerar que las tremendas modificaciones realizadas no son sustanciales ni requieren de nueva exposición pública, así como en su interpretación de la aplicación de la LISTA y de los informes sobre electricidad u agua. El recurso se está elaborando y se presentará en breve.
Pero esta es solo una pieza dentro del asedio judicial de la Asociación a los desmanes del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Otro pleito, contra la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) del PGOU aprobada por la Junta de Andalucía, está pendiente de fallo inminente. En dicho pleito se ha presentado un extenso informe pericial que demuestra sin lugar a dudas que dicha DAE contraviene totalmente las leyes ambientales, pues, entre otras cuestiones: las especies y hábitats protegidos no son evaluados adecuadamente, y no se tiene en cuenta el riesgo y daño para estos; hay graves carencias metodológicas en la DAE al no identificar adecuadamente los espacios protegidos; presenta incoherencias graves con la realidad ecológica observada al no reconocer la protección necesaria a espacios reconocidos como sensibles, planteando decisiones arbitrarias sobre qué espacios se permite urbanizar y cuales no; no tiene en cuenta alternativas y medidas eficaces; y plantea una pésima integración ambiental del PGOU.
La DAE contraviene por ello al menos 4 leyes ambientales regionales, estatales y europeas: Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, Directiva 92/43/CEE (Hábitats), Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, Ley 8/2003 de Flora y Fauna de Silvestres de Andalucía. Por ello el informe pericial aconseja que se anule totalmente la DAE y se redacte una que impida los desarrollos nuevos propuestos en el PGOU.
Este recurso se encuentra listo para sentencia tras presentarse conclusiones por ambas partes. En ese sentido Salvemos Mojácar quiere destacar la pobreza de argumentos y mala fe de la defensa jurídica del Ayuntamiento que, careciendo por completo de argumentos ante la contundencia del informe pericial presentado, recurre incluso a falsedades en el intento de echar abajo el recurso, por ejemplo cuando dice que la Asociación no acreditó su representación adecuadamente, cuando esta consta perfectamente desde el inicio en el procedimiento, o intentando desacreditar el informe con falsedades como que sería inválido al basarse en la versión de marzo de la DAE y no la de mayo, cuando esta última no corregía ni una sola de las cuestiones que el informe destaca como problemáticas. En resumen, el consistorio, ante su falta de argumentos se agarra como un clavo ardiendo a los más improbables e incluso falsos argumentos formales en el intento de ver si le da base al TSJA para echar abajo el recurso.
Por otro lado se acaba de presentar otro extenso informe pericial en el recurso contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la Variante de Mojácar, que como es sabido lleva más de una año parada por problemas en la
expropiaciones. Dicho informe pericial certifica igualmente que dicha AAU es totalmente contraria al derecho ambiental, por motivos similares a los ya comentados en relación con el PGOU, pues se ha autorizado un daño ambiental flagrante y totalmente injustificado, en contradicción con los argumentos de los técnicos de la propia Junta que en 2018 y 2019 lo desaconsejaban.
Por último, está en trámite de realización el peritaje para el recurso contra la urbanización de Cañada Aguilar, también en Mojácar que ha socavado brutalmente un monte entero con Hábitats de Interés Comunitario para una urbanización que como tantas otras veces se ha quedado sin construir.
Salvemos Mojácar, integrada en esta Coordinadora Ecologista Almeriense, denuncia la manera en que Ayuntamiento y Junta de Andalucía trabajan juntos, con la connivencia de ciertos poderes judiciales y medios de comunicación, en sellar la destrucción definitiva de Mojácar, en el intento de duplicar su parque inmobiliario y destruir su medio ambiente y su paisaje sin más fin que la pura especulación corrupta. Esto es doblemente inaceptable en plena emergencia climática, donde la construcción es una de las actividades más nocivas, máxime en la costa, el ecosistema más frágil y saturado, además de amenazado por la subida del nivel del Mar, ante lo que no se debería permitir ni un solo ladrillo más en el Estado Español asolado por décadas de burbuja inmobiliaria que ahora se quiere resucitar. Por ello esta Asociación no cejará en su lucha sin tregua contra la destrucción.
