| El retraso hasta 2027 en la implantación del sistema que garantizará la integridad de la facturación ofrece un margen adicional, pero no elimina la obligación ni las sanciones. Especialistas recomiendan aprovechar el tiempo para anticiparse y evitar costes urgentes.“Anticiparse ahora permite evitar los aumentos de precio y el efecto embudo que se producirá cuando la mayoría intente adaptarse a última hora”, advierte Sergio García Estradera, gerente de la tecnológica catalana i3e. |
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| Imagen: Verifactu. |
| El Gobierno ha confirmado que la entrada en vigor del sistema Verifactu, clave para garantizar la autenticidad e integridad de los registros de facturación, se aplaza un año respecto a lo previsto. Las empresas que tributan por Impuesto de Sociedades deberán cumplir la normativa a partir del 1 de enero de 2027, mientras que autónomos y otros contribuyentes dispondrán de seis meses adicionales, hasta el 1 de julio de 2027. La decisión, aprobada en Consejo de Ministros mediante real decreto ley, responde a dos factores: la presión de asociaciones empresariales y de autónomos que reclamaban más tiempo para adaptarse, y compromisos políticos asumidos por el Ejecutivo con Junts per Catalunya en el marco de las negociaciones recientes. El presidente Pedro Sánchez lo confirmó en una entrevista en RAC1, donde reconoció que el aplazamiento forma parte de las medidas para “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales” y atender las demandas de digitalización progresiva del tejido empresarial. Sin embargo, pese al alivio de muchos empresarios, esta prórroga no debe hacer que las empresas bajen la guardia. Las obligaciones técnicas siguen intactas y el sistema Verifactu, aunque con retraso, será el guardián que respalde la transparencia exigida por la Ley Crea y Crece y la Ley Antifraude. “Esperar solo incrementará el riesgo de improvisación y costes urgentes”, advierte Sergio García Estradera, gerente de i3e. El experto insiste en que la digitalización no es una mera carga administrativa, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia y la liquidez empresarial. “Anticiparse ahora permite evitar los aumentos de precio y el efecto embudo que se producirá cuando la mayoría intente adaptarse a última hora”, añade.Anticiparse es ganar en competitividad Desde el punto de vista económico, el aplazamiento abre una ventana estratégica para que las compañías optimicen sus procesos internos y reduzcan el impacto financiero de la transición. Adelantarse evita la presión inflacionaria que se prevé en el sector tecnológico cuando la demanda se dispare en 2026, y permite negociar con proveedores en condiciones más favorables. Más allá del cumplimiento legal, la factura electrónica y Verifactu ofrecen beneficios que impactan directamente en la competitividad: reducción de errores, mejora en la conciliación, plazos de cobro más cortos y una visión clara de la liquidez. “La trazabilidad no debería verse como un requisito impuesto, sino como una ventaja competitiva. En un entorno donde la liquidez marca la diferencia, esta información es poder”, concluye García Estradera. El aplazamiento de Verifactu no cambia la hoja de ruta: la factura electrónica será obligatoria y la transparencia, innegociable. Las empresas que actúen con previsión no solo cumplirán la ley, sino que ganarán ventaja en un mercado donde la velocidad y la calidad del dato son tan valiosas como el precio. La pregunta no es si adaptarse, sino cuándo y cómo. Y la respuesta más sensata sigue siendo clara: cuanto antes y con mayor planificación, mejor. |
“El aplazamiento de Verifactu no debe frenar la planificación de las empresas”, advierten los expertos
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