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La Subdelegación del Gobierno abre dos oficinas técnicas para atender a los afectados por el tren de borrascas en la provincia

  • Una ha quedado habilitada en la propia sede de la Subdelegación y la segunda, en dependencias del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
  • El objetivo es facilitar la atención a los damnificados por los temporales

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha puesto en marcha dos oficinas técnicas para atender y asesorar a las personas, empresas y administraciones locales afectadas por el tren de borrascas que azotó la provincia desde el pasado mes de diciembre hasta mediados de febrero.

Una de las oficinas ha quedado habilitada en la propia sede de la Subdelegación del Gobierno en Almería y la segunda en dependencias del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, con el objetivo de facilitar la atención a los damnificados, especialmente en una de las zonas más castigadas por los temporales.

Estas oficinas estarán operativas durante un periodo inicial de tres meses, plazo en el que podrán tramitarse las solicitudes de ayuda, aunque no se descarta su ampliación si las circunstancias así lo requieren. Desde hoy mismo, los equipos técnicos están gestionando ya las reclamaciones y prestando asesoramiento directo a los afectados.

En estos puntos de atención, técnicos de Protección Civil de la Subdelegación y personal de la empresa pública Tragsa ofrecerán apoyo a particulares que hayan sufrido daños en viviendas o enseres, a agricultores y empresas afectadas por el temporal, así como a los ayuntamientos que hayan reportado desperfectos en infraestructuras municipales.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha presidido la reunión de coordinación en la que han participado responsables de Tragsa en Almería, el jefe de la Unidad de Protección Civil y un técnico de dicha unidad, destacando la importancia de una respuesta “ágil, coordinada y cercana al territorio”.

El subdelegado ha puesto en valor la reacción inmediata del Gobierno de España ante esta situación extraordinaria, con la activación de un paquete de medidas que, en su conjunto, asciende a 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos en distintos puntos del país.

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