Juanjo Cano denuncia que el concejal de Sostenibilidad niega que el tratamiento de datos esté definido, mientras el pliego de licitación ya exige GPS y registro de usuarios con nombre y hora.
La formación política Almerienses ha expresado hoy su «indignación absoluta» tras recibir la respuesta oficial del Área de Sostenibilidad a su petición de transparencia sobre los nuevos contenedores con apertura electrónica. Juanjo Cano, presidente del partido, ha calificado la contestación del concejal Antonio Urdiales como «una huida hacia adelante plagada de inexactitudes que contradicen sus propios documentos de contratación». Almerienses ha desglosado las graves incoherencias detectadas entre lo que el Ayuntamiento dice a los ciudadanos y lo que licita en los contratos.
La mentira de la «indefinición» de los datos. El concejal asegura en su respuesta que «los tratamientos de datos personales (…) no han sido aún definidos». Sin embargo, el pliego técnico de la licitación es explícito en la página 2, exigiendo que el sistema incluya un «registro de datos de las aperturas realizadas por los usuarios, fecha y hora». «Es inaudito que el responsable del área nos diga por escrito que no saben qué datos van a recabar, cuando el contrato que ellos mismos han redactado exige técnicamente registrar quién abre la basura, cuándo y a qué hora. Nos toman por tontos.»
Mientras la respuesta oficial intenta calmar los ánimos asegurando que es una experiencia piloto «especialmente orientada al sector de la hostelería», el contrato contempla la compra de 15.000 tarjetas RFID. «Las cuentas no cuadran. El Ayuntamiento afirma que esto es solo para bares y restaurantes, pero licitan 15.000 tarjetas de identificación. ¿Desde cuándo hay 15.000 establecimientos de hostelería en Almería? Es evidente que el objetivo final es el control masivo de los vecinos.»
El Ayuntamiento admite que definirá las condiciones de seguridad y privacidad «una vez adjudicado el contrato». Esto contraviene el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que exige realizar la Evaluación de Impacto (EIPD) antes de cualquier tratamiento de riesgo. «Pretenden comprar primero la tecnología de vigilancia y preguntar después si es legal usarla. Esto es una negligencia administrativa grave que nos puede costar una sanción millonaria como ya ocurrió en Pamplona.»
Aunque el concejal omite cualquier referencia a la ubicación en su respuesta, el pliego técnico exige que los cierres estén «dotados de sistema GPS». Almerienses advierte del peligro de cruzar datos de identidad con geolocalización exacta de los residuos. «Están licitando dispositivos con GPS para tener geolocalizado cada movimiento del contenedor y su usuario, pero en su respuesta oficial ocultan deliberadamente este dato. Exigimos saber por qué necesitan rastrear por satélite la basura de los almerienses.»
La respuesta municipal insiste en que «no existe obligación alguna de adhesión». Almerienses recuerda que todos los sistemas de este tipo empiezan como voluntarios para acabar siendo obligatorios mediante tasas coercitivas. «Nos venden la voluntariedad como un favor, cuando la realidad es que el sistema de cierre electrónico está diseñado para impedir físicamente el uso del contenedor a quien no pase por el aro de la identificación digital. Es una coacción en diferido.»
El contrato, valorado en 192.692,50 euros, se está tramitando sin tener resuelta la viabilidad legal de la protección de datos. Cano lamenta la gestión de los fondos Next Generation. «Estamos gastando casi 200.000 euros de Europa en unos candados electrónicos que ni siquiera tienen el visto bueno de privacidad. Si la Agencia de Protección de Datos tumba el sistema, ¿quién devolverá ese dinero a los almerienses?»
