Un estudio de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) sobre el funcionamiento de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el Sistema Sanitario Público Andaluz evidencia “inconsistencias y discrepancias” entre la normativa vigente y los derechos de las mujeres en cuanto al acceso a este procedimiento.
El estudio realizado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía revela que se está derivando “sistemáticamente” a las pacientes a centros privados concertados, incluso cuando podrían ser atendidas en hospitales públicos, para la interrupción voluntario del embarazo (IVE). Esta organización sindical considera que este modelo de derivación y el argumento de que existe un «concierto con la privada» no parecen tener un fundamento adecuado cuando se considera que los hospitales públicos cuentan con las capacidades y los recursos para ofrecer esta asistencia.
La FSS-CCOO Andalucía asegura que el criterio de proximidad es un derecho fundamental para garantizar que las mujeres puedan acceder “de manera efectiva y sin barreras geográficas” a la IVE. Sin embargo, ha constatado que en provincias como Jaén, donde no existen centros acreditados ni unidades hospitalarias que ofrezcan este servicio, las mujeres deben ser derivadas a otras provincias, a veces a grandes distancias, como Granada o Sevilla. “Este hecho representa una carga significativa, especialmente para quienes se encuentran en situaciones vulnerables, como las de escasos recursos, las mujeres migrantes o aquellas que ya enfrentan dificultades en el acceso a la atención sanitaria”, advierte la responsable de Mujeres, políticas LGTBIQA+ e Igualdad de la FSS-CCOO Andalucía, Paula Sáenz.
Además, la dirigente sindical asegura que el traslado, largo y costoso a otro centro para la IVE, “pone en riesgo” tanto la salud física como emocional de la usuaria, generando una barrera adicional para acceder a la atención sanitaria de manera equitativa y oportuna. “Este incumplimiento del criterio de proximidad vulnera el derecho de las mujeres a recibir una atención sanitaria de calidad, cercana y accesible”, añade Sáenz.
CCOO también denuncia que Andalucía no cuenta con el registro de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la IVE, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, para asegurar una adecuada gestión de los recursos humanos que permita garantizar dicha prestación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), así como evitar cualquier tipo de discriminación de sus profesionales.
“Este vacío normativo permite que el procedimiento se gestione de manera opaca contraviniendo el principio de autonomía de la mujer, al dejar en manos de los profesionales la decisión de realizar o no un procedimiento legalmente permitido. El SAS debe avanzar hacia una integración más efectiva de la IVE en los hospitales públicos, respetando la normativa vigente y garantizando el acceso inmediato a este derecho sin necesidad de derivaciones que alargan los tiempos de espera, aumentando los costes que generan incertidumbre en las usuarias”, asevera Paula Sáenz.
Por otro lado, tal y como alerta la FSS-CCOO Andalucía, otro argumento recurrente que presenta la Administración es que «ningún profesional quiere dedicarse en exclusiva a la IVE». Ante esta situación, CCOO recuerda que la IVE no es un procedimiento especializado que requiera conocimientos ajenos a los de la ginecología general, por lo que la negativa a realizar IVEs en hospitales públicos, bajo el pretexto de que no hay profesionales disponibles para «dedicarse exclusivamente» a estas intervenciones, resulta “insostenible”, ya que debería ser integrado en la oferta sanitaria general, sin necesidad de dedicación exclusiva.
