La Guardia Civil esclarece una trama de estafas con falsos anuncios de alquiler que causó un perjuicio superior a 20.000 euros

Los autores publicaban anuncios de alquiler de pisos
completos por debajo de precio de mercado en localidades con el
mercado de la vivienda especialmente tensionado
 La investigación ha esclarecido dieciséis estafas consumadas
y varias tentativas, y se imputa un delito continuado de estafa y
falsificación documental
La Guardia Civil, en el marco de la operación
«Falkiler», ha esclarecido una trama dedicada a la estafa continuada
mediante falsos anuncios de alquiler de viviendas publicados en
plataformas inmobiliarias de internet, con víctimas en distintos puntos de
España. Los dos investigados, una mujer de 25 años y un hombre de 39
años, han sido detenidos. A ambos se les imputa un delito continuado de
estafa y falsificación de documento público.
La investigación, se inició por el Área de Investigación de la Guardia Civil
de San Vicente del Raspeig a mediados de febrero de 2026, tras la
denuncia de una víctima que había transferido 900 euros para reservar
una vivienda que resultó no existir. Una vez realizado el pago, la víctima
comprobó que el anunciante había bloqueado su contacto. Durante las
negociaciones, el sospechoso le había remitido capturas de un DNI, una
cartilla bancaria y una nota simple del registro de la propiedad, todo ello
falsificado.
A partir de esa denuncia, los agentes detectaron un patrón común en
numerosas denuncias presentadas en distintos puntos de España, como
Bilbao, Barcelona, Madrid y Valencia, lo que permitió vincular hasta la
fecha dieciséis hechos consumados y varias tentativas, con un perjuicio
económico superior a los 20.000 euros. La mayoría de los inmuebles se
anunciaban en núcleos de población con el mercado de la vivienda
especialmente tensionado, ofertando pisos completos por debajo de su
precio de mercado para resultar más atractivos a arrendatarios con
recursos limitados y encontrar así una víctima con rapidez.
Los autores utilizaban distintos números de teléfono, registrados a nombre
de terceras personas con identidades presumiblemente ficticias, que iban desechando tras cometer varias estafas tratando de dificultar su localización. Para recibir el dinero de las víctimas llegaron a utilizar cerca
de veinte cuentas bancarias de distintas entidades, que abrían y cerraban
en breves lapsos de tiempo, en su mayoría tras ser bloqueadas por los
propios bancos al detectar movimientos sospechosos.
Uno de los aspectos más complejos de la investigación fue el seguimiento
del dinero estafado, que las víctimas transferían inicialmente a cuentas
controladas por uno de los investigados y que después se distribuía de
forma inmediata a otras numerosas cuentas asociadas a la segunda
persona investigada. Su localización resultó especialmente compleja por
el uso de múltiples cuentas y domicilios distintos, teléfonos a nombre de
terceros y una operativa diseñada para fragmentar y dispersar el rastro
del dinero, a lo que se sumaba la dispersión geográfica de las víctimas y
de las denuncias presentadas en distintas comunidades autónomas.
El análisis de las evidencias recopiladas mediante la colaboración de las
entidades bancarias permitió a los agentes localizar el lugar exacto desde
donde se había efectuado el delito, lo que llevó a la detención de la
investigada en Alcantarilla (Murcia). Por su parte, el segundo investigado
fue localizado y detenido en Almería. Ambos han sido puestos a
disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia
de San Vicente del Raspeig, competente en la causa.
Ambos investigados desarrollaban su actividad con un marcado carácter
itinerante, actuando de forma simultánea o sucesiva en distintas
provincias y sirviéndose de medios telemáticos que les permitían operar
desde cualquier ubicación, lo que dificultó notablemente la determinación
del lugar de comisión de los hechos y la identificación de los autores.
La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones
ante anuncios de alquiler con precios por debajo de mercado, evitando
realizar pagos o transferencias sin haber visitado la vivienda ni verificado
la identidad del arrendador.