SIPCTE denuncia que Correos dejó sin pagar el reparto electoral a trabajadores que ejercieron su derecho de huelga y pide investigar el destino de los fondos públicos
El Sindicato Independiente Profesional de Correos y Telégrafos (SIPCTE) ha presentado esta semana varias denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Correos por la negativa de la empresa a abonar el complemento correspondiente al reparto de propaganda electoral a varios carteros de la Unidad de Reparto nº 2 de Almería que ejercieron su derecho fundamental de huelga.
Según denuncia el sindicato, la empresa ha excluido del pago del reparto electoral a trabajadores que participaron en la jornada de huelga, una decisión que SIPCTE considera contraria a la normativa laboral y que deberá ser analizada por la Inspección de Trabajo.
Además, en las denuncias presentadas se pone de manifiesto que, durante el desarrollo de la campaña electoral, personal directivo habría realizado tareas de reparto de propaganda electoral, unos hechos que también han sido puestos en conocimiento de la Inspección para que determine si dicha actuación se ajustó a la legalidad.
Para SIPCTE, la cuestión adquiere una especial relevancia al tratarse de un servicio financiado con fondos públicos destinados específicamente al reparto de propaganda electoral.
El sindicato considera imprescindible esclarecer si los recursos económicos destinados por la Administración para este servicio fueron empleados conforme a la finalidad para la que fueron concedidos y si la organización del reparto respetó tanto la normativa laboral como los derechos de los trabajadores.
«Estamos hablando de dinero público destinado a un servicio concreto y de trabajadores que, tras ejercer un derecho fundamental como es la huelga, se han encontrado con que Correos les ha negado el pago del reparto electoral. Creemos que estos hechos deben investigarse con absoluta transparencia», señala Francisco Sabio Rueda, responsable de SIPCTE.
El sindicato confía en que la Inspección de Trabajo investigue en profundidad los hechos denunciados y depure, en su caso, las responsabilidades que pudieran existir.
Asimismo, SIPCTE anuncia que, en función de las conclusiones que arroje la investigación y de los hechos que puedan acreditarse, estudiará el ejercicio de cuantas acciones legales resulten procedentes para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos y la defensa de los derechos de los trabajadores.
